Mediación Privada en Materia de Justicia Administrativa: diálogo y acuerdos para resolver controversias.
Por Silvia Guadalupe Palazuelos
Facilitadora Privada Certificada
Resolver una controversia no siempre exige llegar a un juicio. En muchos casos, el camino más útil empieza con una conversación bien conducida, reglas claras y voluntad para escuchar.
La solución pacífica de conflictos fortalece la confianza, mejora la comunicación y ayuda a construir relaciones más colaborativas entre personas, instituciones y autoridades. En ese marco, la mediación ofrece una vía seria para atender diferencias mediante el diálogo, siempre dentro de los límites que marca la ley.
La Mediación Privada en Materia de Justicia Administrativa permite abordar determinadas controversias de naturaleza administrativa a través de un proceso ordenado, confidencial y voluntario. Su valor está en abrir un espacio donde las partes puedan expresar sus puntos de vista, identificar intereses comunes y explorar acuerdos posibles.
Este contenido es informativo y no sustituye la asesoría jurídica específica para un caso concreto.
La mediación en Materia de Justicia Administrativa ofrece una vía distinta para atender conflictos
Los MASC en materia de justicia administrativa son una realidad en México, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias los regula en el Capítulo VIII, su aplicación, en qué casos son aplicables, los principios, la competencia del TFJA y TJA locales, el Consejo de Justicia Administrativa, las personas facilitadoras públicas y privadas, sus obligaciones, responsabilidades, certificación, la forma de tramitación de los MASC en materia administrativa, el convenio y régimen de responsabilidades y sanciones.
Los MASC en materia administrativa posibilitan un acceso a la justicia legal y constitucional en el que particulares y autoridades exploren soluciones alternativas para poner fin a una controversia dentro del marco legal aplicable.
De acuerdo con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, estos mecanismos pueden utilizarse en tres momentos procesales:
a) Procedimientos administrativos: fuera o dentro de los procedimientos administrativos.
b) durante un juicio administrativo o fiscal;
c) en ejecución de sentencia.
Lo anterior, con las condiciones jurídicas que marca la ley aplicables.
El MASC en materia administrativa será admisible en todos los casos, considerando:
Que la materia del conflicto sea susceptible de transacción;
Que la autoridad administrativa haya autorizado mediante dictamen técnico jurídico la viabilidad de participación del organismo administrativo o del órgano.
En consecuencia, el dictamen técnico jurídico es el elemento clave para la procedencia de los MASC en materia administrativa. Este dictamen es el documento a cargo de la entidad pública u órgano de la administración pública federal o local, debidamente fundado y motivado, que contiene un análisis jurídico sobre responsabilidades de los servidores públicos y de viabilidad presupuestaria, que determina la procedencia de la participación de la entidad pública en los MASC.
Entre los asuntos que pueden ser sujetos a un MASC en materia administrativa encontramos:
Contrataciones públicas: diferencias sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales entre una entidad pública y un proveedor o contratista, cuando la legislación permita alcanzar un acuerdo.
Régimen de responsabilidades: en materia de responsabilidades de servidores públicode la APF y local. En tratándose de modalidad, forma, monto y plazos para el pago de sanciones económicas.
Procedimientos administrativos: visitas de verificación, multas, sanciones administrativas, procedimientos administrativos de cumplimientos normativo para empresas, negocios, comercios y establecimientos comerciales.
Juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad: el mecanismo puede solicitarse durante el juicio, una vez admitida la demanda y hasta antes que se emita la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio y en la etapa de cumplimiento de sentencia definitiva dictada en juicio, ante fallo firme.
En todos los casos, el convenio que resulte de los MASC en materia administrativa deberá ser revisado y aprobado por una persona Magistrada Instructora.
Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Administrativa del TFJA
Este Centro Público de MASC y justicia administrativa es el órgano especializado del TFJA con sede en la Ciudad de México, entró en funciones a partir del 1 de octubre de 2025 mediante Acuerdo G/JGA/42/2025.
El primer asunto resuelto fue el 12 de diciembre de 2025, el monto de la controversia fue superior a 80 millones de pesos, por un conflicto derivado de un contrato de servicios entre una dependencia de la Administración Pública Federal y una persona moral. A través de un procedimiento de MASC (conciliaación) se logró un acuerdo definitivo de manera voluntaria, conducido por una persona facilitadora adscrita la Centro Público, para poner fin a un conflicto, evitando un juicio que pudo durar años.
A la fecha, el Centro Público de MASC del TFJA ha avanzado significativamente para contar con la infraestructura adecuada, personal certificado y capacitación permanente a entidades de la administración pública para dar a conocer cómo funciona el mecanismo y sus beneficios, no obstante persisten las resistencias de algunas autoridades para atender las invitaciones de las personas físicas y morales para acudir a los MASC, especialmente del sector fiscal, IMSS, entre otras.
El reto del foro u operadores jurídicos, en el que nos encontramos como personas facilitadoras privadas certificadas en materia administrativa por el TFJA, es seguir impulsando la mediación administrativa como mecanismo viable, legal, expedito y transparente de acceso a la justicia y de pacificación de nuestro país que tanta falta hace.
Encontrar una solución comienza por identificar si el diálogo puede abrir un camino jurídicamente viable.
La persona facilitadora certificada conduce el diálogo sin imponer una solución
Una de las características centrales del proceso de mediación es la intervención de una persona facilitadora certificada. Su función no consiste en decidir quién tiene la razón ni en imponer un resultado. Su papel es conducir el diálogo, cuidar el orden del procedimiento y favorecer una comunicación respetuosa.
La certificación acredita que la persona cuenta con preparación y competencias para facilitar procesos dentro del ámbito correspondiente, conforme a los requisitos de la autoridad competente. Esto aporta confianza al proceso, porque las partes participan en un espacio con método, reglas y conducción profesional.
En la Mediación administrativa en México, hablar de Mediación privada certificada implica reconocer la importancia de contar con una Persona facilitadora certificada que actúe con imparcialidad, confidencialidad y apego al marco legal.
Entre sus tareas se encuentran:
Crear un espacio seguro para que las partes puedan expresarse.
Identificar los temas centrales de la controversia.
Ayudar a las partes a distinguir posiciones, intereses y necesidades.
Promover una conversación ordenada y respetuosa.
Acompañar la construcción de posibles acuerdos.
Gestionar los desequilibrios de poder e igualdad entre las partes.
Verificar que el proceso se mantenga dentro de los límites legales aplicables.
La persona facilitadora no sustituye la voluntad de las partes. Al contrario, busca que sean ellas quienes construyan sus propios acuerdos.
Los principios de la mediación dan certeza al proceso
La mediación se sostiene en principios que le dan seriedad y confianza. Tres de los más relevantes son la voluntariedad, la imparcialidad y la confidencialidad.
Voluntariedad
Las partes participan por decisión propia. Esto significa que el proceso requiere disposición para dialogar y explorar alternativas. La mediación funciona mejor cuando existe apertura para escuchar y revisar opciones.
Imparcialidad
La persona facilitadora no favorece a ninguna de las partes. Su labor es cuidar el equilibrio del diálogo y conducir el proceso de manera neutral.
Confidencialidad
La información compartida durante el proceso se trata conforme a las reglas aplicables. Esto permite que las partes hablen con mayor claridad y confianza, sin perder de vista los límites que establece la ley.
Estos principios no son simples formalidades. Son la base para que el diálogo sea útil, ordenado y respetuoso.
Construir acuerdos también fortalece una Cultura de Paz
Promover mecanismos alternativos de solución de controversias significa abrir más caminos para atender los conflictos. La mediación ayuda a que las partes participen de manera activa en la búsqueda de soluciones, en vez de limitarse a esperar una decisión externa.
Esto no implica restar importancia a los procedimientos formales. Hay asuntos que deben seguir las vías legales correspondientes. Pero cuando la ley permite la mediación, el diálogo puede reducir tensiones, aclarar malentendidos y generar acuerdos más sostenibles.
Una Cultura de Paz no se construye solo con buenas intenciones. Requiere herramientas, personas preparadas y espacios donde las diferencias puedan atenderse sin escalar el conflicto. La mediación aporta precisamente eso: una forma estructurada de conversar para resolver.
También ayuda a cambiar la manera en que se entiende una controversia. El conflicto deja de verse únicamente como una confrontación y se convierte en una oportunidad para revisar necesidades, responsabilidades y posibles soluciones.
Un logro que fortalece el compromiso con la solución pacífica de controversias
La certificación representa una preparación especializada para acompañar procesos de mediación dentro del ámbito correspondiente. También refleja una convicción clara: muchas diferencias pueden atenderse mejor cuando existe escucha, método y voluntad para construir acuerdos.
Detrás de cada conflicto puede existir una oportunidad para dialogar. Y cuando el diálogo se conduce con seriedad, respeto y apego a la ley, también puede abrir la puerta a soluciones más humanas y eficaces.
Donde hay diálogo, hay solución.
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